La figura del árbitro surge para imponer acuerdos a padres separados

El Ministerio de Justicia quiere impulsar la figura y estudiar su aplicación a través de programas piloto.

Uno quiere que el niño haga la comunión, y el otro, no. Uno prefiere educación privada, y el otro, pública. Uno quiere llevarse al crío a la boda de un primo, pero ese fin de semana no está contemplado en el régimen de visitas y el otro se niega. No se ponen de acuerdo sobre el corte de pelo, la ortodoncia...

Hay progenitores que, una vez divorciados, trasladan sus conflictos a los tribunales. Carecen de canales de comunicación. Sus expedientes crecen durante años, con escritos y denuncias cruzadas, aumentando la sobrecarga en los juzgados.

La figura del coordinador de parentalidad, aún incipiente en España, puede marcar la diferencia en estos casos y, por orden del juez, ayudar a tender puentes entre los padres, siempre en interés del menor. Se han desarrollado con éxito proyectos piloto en Cataluña, Valencia y Madrid. El Ministerio de Justicia quiere impulsar la figura y estudiar su aplicación a través de programas piloto.

“Antes no tenía ningún tipo de comunicación con mi exmujer. Ahora hablamos por teléfono y recojo a mi hija pequeña en el patio de su casa”, cuenta Alfredo, un valenciano que prefiere no dar su verdadero nombre. Se separó en 2014. Durante años no se respetó el régimen de visitas establecido en la sentencia y, por cada incumplimiento, él iba al juzgado. A principios de 2018 fueron derivados a coordinación de parentalidad. “Ahora, mi hija pequeña, que tiene siete años, viene conmigo a casa. Y aunque sigo sin ver habitualmente a la mayor, que es adolescente, nos hemos sentado a hablar, todo un avance”, cuenta.

El coordinador de parentalidad actúa en nombre del juez. Existen importantes diferencias con la figura del mediador. A este último, los padres recurren voluntariamente, no puede tomar decisiones y debe respetar la confidencialidad de las sesiones.

En cambio, un juez puede obligar a una familia a acudir a coordinación de parentalidad. Y el coordinador debe informar sobre la evolución de los casos. Además, puede entrevistarse con el entorno de los niños: no solo con los padres, también con el resto de la familia, el colegio, los propios menores... Si los progenitores no llegan a un acuerdo, sí puede decidir. Les da pautas para relacionarse. Su papel es velar por los niños, que sufren las consecuencias de la incomunicación de sus padres. Requiere de profesionales muy cualificados y con experiencia en conflicto familiar, normalmente psicólogos y trabajadores o educadores sociales. Los expertos puntualizan que es un instrumento indicado en casos de alto conflicto, pero no de violencia de género.

La práctica es incipiente en España y la figura no está regulada por ley. “La primera sentencia se dictó en 2012”, explica Pascual Ortuño, magistrado de la Audiencia de Barcelona. Él fue el ponente. “Hay un índice importante de casos con conflictos. Supe de un instrumento del mundo anglosajón, fundamentalmente Estados Unidos y Canadá, que presta ayuda en los juzgados para que las familias cumplan las sentencias”, cuenta. Se decidió a aplicarlo. En 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avaló la figura. Y la Generalitat impulsó un proyecto piloto que duró dos años y medio. Trataron 14 casos con 23 voluntarios a los que formaron previamente. Más de un año después, están evaluando los resultados. “Tenemos que analizar el coste-beneficio de la figura y su implantación, incluyendo el perfil de profesional y de las familias”, explica Gemma Capdevila, subdirectora de Derecho y Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia.

Jueces y abogados de familia defienden esta figura. A mediados de mes, los jueces decanos asistieron en Melilla a unas jornadas en las que abordaron el asunto. “Los proyectos piloto evidencian una reducción drástica de la litigiosidad y una mejora sustancial en las relaciones paternofiliales”, consta en el comunicado. A finales de junio, más de 73.000 asuntos estaban en trámite en los juzgados de familia, según datos del Consejo General del Poder Judicial. “Calculamos que en materia de ejecución de sentencias, hay alrededor de un 15% de casos con conflictos. Dan mucho trabajo. Y en apelaciones pueden llegar a ser la mitad de los expedientes”, apunta el magistrado Ortuño.

Pedro Viguer, juez decano de Valencia, fue uno de los impulsores del proyecto piloto en la región. A mediados de 2017, el equipo psicosocial de los juzgados de Valencia inició un programa con 10 familias. “En casi todos los casos, los padres están cumpliendo las sentencias y se ha iniciado el camino hacia la normalización”, dice. A esas 10 familias se sumaron otras cinco. Y la Generalitat quiere ampliar el programa y ha acordado con el colegio de psicólogos que se disponga de una bolsa de profesionales para que puedan actuar en peritajes, que costeará el Gobierno regional a requerimiento de los jueces.

Fuentes del Ministerio de Justicia explican que están interesados en la figura, que van a estudiar a través de proyectos piloto de un año en lugares como Badajoz o Murcia. El primero de ellos ya se está llevando a cabo en Madrid, en un centro de intervención parental recientemente inaugurado y que supuso al Ayuntamiento una inversión de 1,4 millones de euros. Uno de los servicios que prestan es la coordinación de parentalidad. “Somos tres profesionales con experiencia en casos de conflicto familiar”, indica el director, Félix Arias. “Recibimos a los padres aquí, la periodicidad depende del caso, puede ser semanal o cada más tiempo”, señala. “Todo es transparente. Se trata de evitar que padre y madre sean partes en un conflicto y sean equipo. Que entiendan que la familia se reconfigura”, añade.

Además de en Cataluña, Madrid y Valencia, en estos años también se han dictado sentencias que recogen esta figura en autonomías como Aragón o Baleares. En la Comunidad de Madrid, Majadahonda ultima un proyecto.

Juan Pablo González del Pozo, uno de los tres jueces que interviene en el proyecto del Consistorio madrileño, confía en que se pueda aliviar la sobrecarga de trabajo. “En cada juzgado de familia de Madrid hay entre 10 y 20 casos vivos de alta conflictividad”. Apunta que extender los programas piloto requeriría de una gran inversión pero se muestra esperanzado con la figura: “Intento poner sentencias claras, pero un juez no puede regular la vida”.

Fuente: El País